DEMANDAN AL MUNICIPIO PENQUISTA POR INUNDACIONES

. Por su responsabilidad en los rellenos realizados en río Andalién y estero Nonguén
. La Corte de Apelaciones de Concepción acogió a trámite el recurso de protección en contra del Ministerio de Obras Públicas y la Ilustre Municipalidad penquista

La Corte de Apelaciones de Concepción acogió a trámite el recurso de protección que presentó el senador Alejandro Navarro junto a treinta y dos dirigentes de diversas juntas de vecinos aledañas al río Andalién y Estero Nonguén en Concepción, en contra del Ministerio de Obras Públicas y la Ilustre Municipalidad penquista, por la supuesta responsabilidad que tendrían en otorgar permisos para efectuar rellenos en las zonas ribereñas al Andalién, motivos que causarían las inundaciones en las poblaciones cercanas luego de los fuertes temporales que afectan a la zona.

A la vez, 30 vecinos y dirigentes sociales del sector Parque Residencial de Collao en Concepción, adhirieron a la acción judicial presentada por el parlamentario. La que tendrá nuevos antecedentes dentro de 15 días, fecha en que el Municipio y el Ministerio deberán responder ante la Corte.

El senador socialista explicó que se recurrió en contra de estas Instituciones “porque son ellas las encargadas de otorgar permisos y de fiscalizar a las diversas construcciones que se han instalado con sus respectivos rellenos en el sector, ganándole terreno al río Andalién y estero Nonguén, construyendo encima de lo que antes eran superficies de amortiguación de crecidas o de inundación natural, ocasionando posteriormente las ya sabidas catástrofes durante los temporales. Y es que es de toda lógica que si rellenan terrenos que antes eran superficies de escurrimiento natural de las aguas, las mismas ocupen después esos suelos en la búsqueda natural de evacuación.

Navarro explicó que estas edificaciones “se han efectuado por diversas empresas constructoras e inmobiliarias sobre la bases de permisos de construcción otorgados por la Municipalidad de Concepción; los que tampoco han realizado la fiscalización necesaria exigida por la Ley, para obtener que las labores se efectúen evitando causar los daños por los cuales hoy se recurre.
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